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S A L A C O N S T I T U C I O N A L DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad planteada por un grupo de diputados contra los procedimientos legislativos de aprobación de la Ley
Número 8635 del 26 de Abril de 2008.
INCIDENTE DE RECUSACIÓN.
Señores Magistrados:
Nosotros, Ronald Solís (y otros) ...atentamente comparecemos a plantear recusación del magistrado Federico Sosto López, con base en lo
siguiente:
1.- Como a todos Ustedes les consta, los suscritos hemos propuesto reiteradamente la separación del Magistrado Suplente Federico Sosto
López de todos los asuntos en conocimiento de la Sala, relacionados con el TLC y la Agenda de Implementación.
Así, todavía en el escrito inicial del incidente fechado 14 de Abril del año en curso, que es Incidente de nulidad de lo actuado en el expediente Nº 08-
003849-0007-CO (incluyendo la resolución Número 008-004570 de las 15 horas del 26 de Marzo de 2008), planteamos ante la Sala la necesidad
de anular una serie de actuaciones y resoluciones en las que intervenía el Magistrado suplente Federico Sosto López, porque nos parecía obvia su
actitud visiblemente parcializada en todo lo que se relacionaba con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la correspondiente
Agenda de Implementación que el gobierno de los señores Arias se empeñaba en hacer aprobar.
En aquel momento, con los elementos de juicio de que entonces disponíamos, dijimos lo siguiente:
“…1) Al igual que lo hizo un grupo de colegiados casi siempre ligados al Gobierno o a los grandes bufetes, el Magistrado suplente Federico Sosto
López, profesor, abogado propietario del Bufete “Sosto Hidalgo” y “allegado a la Fracción del Movimiento Libertario”, manifestó reiterada y
públicamente sus opiniones favorables a la aprobación del TLC. Y fue en esa tesitura como, en un artículo que suscribió con los colegas Alan
Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, y que fue publicado en La Nación del 15 de Enero de 2007, expresó una serie de opiniones
favorables a la aprobación del CAfta-DR por parte del Estado costarricense.
2) Nada de esto es sorpresivo: el abogado Sosto está ligado a poderosos intereses oligárquicos que se movieron decisivamente para
impulsar la aprobación del CAfta-DR.
3) En efecto, según consta en La Gaceta N. º 22 de 2 de febrero de 2004, don Federico Sosto López fue nombrado Director Suplente de la
Junta Directiva de la Liga Industrial de La Caña (LAICA), para el período de 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 y uno de sus compañeros de
Junta Directiva en ese período, en condición de Secretario, fue el señor Rodrigo Arias Sánchez, actual Ministro de la Presidencia.
4) Tanto Rodrigo Arias Sánchez como Federico Sosto López fueron designados por los grandes ingenios, a tenor del artículo 25 de la Ley N.º
7818: Ley Orgánica de Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar.
5) La Liga de la Caña (LAICA) está compuesta por los miembros de uno de los grupos empresariales que ganarán mas dinero con el TLC. Y de
ahí que, como consta en documentos en poder del Tribunal Supremo de Elecciones y hechos públicos a través de los medios, sus agremiados
invirtieran millonarias sumas en la campaña Presidencial de Oscar Arias Sánchez y en la campaña del referéndum a favor del SÍ al TLC.
6) Más grave aún, LAICA tenía un fuerte y directo interés en la aprobación de la Ley y del Convenio de Protección de Obtenciones Vegetales,
pues al amparo de los mismos, y mediante su Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA) podrá legalmente proteger
variedades de caña y semilla, según lo admitió el propio Director Ejecutivo de LAICA en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea
Legislativa, cuando dijo: “Nada más para aclarar la parte de DIECA, hay otro elemento importante que agregar aquí, que es el tema de propiedad
intelectual; o sea, nosotros cuidamos mucho la parte de propiedad intelectual y por medio de DIECA, con los convenios internacionales que se
firman con los diferentes organismos que hay....”
7) Lo anterior permite entender mejor la militancia del abogado Sosto López dentro del grupo profesional que actuó a favor del SÍ en la
contienda nacional alrededor del TLC; la cual adquirió pública y general notoriedad, hasta el punto de quedar él mismo claramente identificado,
subjetiva y objetivamente, dentro del bando respectivo; al igual que sus cofirmantes los abogados Rubén Hernández, Rodrigo Oreamuno y Alan
Thompson.
8) Estando así las cosas, resultó que desde hace algunos meses la Sala Constitucional ha integrado al Magistrado Suplente Federico Sosto
para llenar una vacante temporal; pero no ha reparado en el hecho de que, por las razones arriba expuestas, y según se explica a continuación,
dicho profesional se encuentra inhabilitado específicamente para formar el correspondiente colegio juzgador a la hora de emitir la correspondiente
opinión consultiva previa acerca de los proyectos que forman la llamada Agenda de Implementación; y por consiguiente también se encontraba
legalmente inhabilitado con respecto al proyecto de Ley de aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
Y en consecuencia, al igual que el vicio apuntado se ha venido consumando en los votos de la Sala emitidos al evacuar la consulta de las
anteriores leyes de la Agenda, también la resolución Número 08-004570 de las 15 horas del 26 de Marzo pasado, en la que dicho tribunal rechaza
por mayoría las objeciones de constitucionalidad planteadas, contó con el voto del Licenciado Sosto López.
9) En declaraciones brindadas al periódico La Nación del 19 de Febrero último, el Licenciado Sosto López anunció que se excusaría de integrar
como suplente la Sala Constitucional en la consulta relacionada con el proyecto de Ley de telecomunicaciones, por la razón de que dicho proyecto
incluía aspectos sobre los que con anterioridad externó criterio…”
Ahora bien, con fecha 10 de Julio de 2008, el diario La Nación publica la siguiente noticia:
“…El magistrado suplente de la Sala Constitucional Federico Sosto López da asesoría jurídica a la Presidencia de la República.
Sosto López reconoció ayer a La Nación que ha emitido varias opiniones legales al Gobierno de manera gratuita, en su calidad de abogado litigante
experto en Derecho Público.
Un ejemplo de ello se dio este martes, cuando Sosto fue llamado por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, para contar con su opinión en la
cita con la Contraloría General de la República (CGR) sobre las donaciones de $2 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) a la Casa Presidencial.
El magistrado, uno de los siete suplentes de la Sala IV, fue el único abogado que participó como jurista en la reunión de casi una hora en Zapote,
San José.
Estuvieron el presidente Óscar Arias, la vicepresidenta Laura Chinchilla y los ministros Rodrigo Arias, Marco Vargas y Guillermo Zúñiga. Por la
Contraloría participaron su principal jerarca, Rocío Aguilar, y el gerente de División, Walter Ramírez.
“Sí, di una opinión, pero en aras de una colaboración”, contestó Sosto, quien admitió que lo ha hecho en esta Administración y en otras anteriores.
Se intentó obtener ayer una explicación de Casa Presidencial, pero no fructificó la consulta planteada con la asesora de prensa Mishelle Mitchell, a
las 5:26 p. m.
Para Sosto, este “no es un asunto (las donaciones del BCIE) que se esté ventilando en la Sala IV; no iría a ninguna reunión sobre esto”.
Consultado sobre la conveniencia de que un magistrado de la Sala IV tenga un nexo con el Ejecutivo, Sosto respondió: una relación “totalmente
alejada (entre ambos poderes) no es una concepción en el Estado moderno.
“Los poderes no están alejados porque pertenecen al mismo Estado. El sistema está diseñado para que uno, en mi calidad de suplente, no emita
opinión de asuntos en los que se ha opinado”.
Dada la ausencia de magistrados titulares, Sosto ha participado en varias resoluciones sobre temas relacionados con la agenda de implementación
del TLC, acerca de trámites legislativos y proyectos como el de Obtenciones Vegetales y Ley de Marcas.
Sosto recordó que se abstuvo de votar la resolución sobre la Ley de Telecomunicaciones, pues ya había emitido criterios sobre ella.
Al magistrado suplente lo nombraron los diputados a finales del 2005, por sugerencia del Movimiento Libertario. “Siempre he sido un defensor de la
libertad. Puedo ser allegado a los libertarios desde el punto de vista de la libertad”, expresó en esa ocasión.
Federico Sosto, de 45 años, descartó que haya recibido pago alguno por los criterios legales que brinda al Gobierno.
El jurista tiene oficina en barrio Los Yoses, Montes de Oca, y la comparte con Jorge Alberto Hidalgo Vega, según los registros del Colegio de
Abogados de Costa Rica.
Hidalgo, regidor libertario en San José, es uno de los abogados contratados para asesorar a la Casa Presidencial con parte de los $2 millones
donados por el BCIE desde noviembre del 2006…”
Tenemos entonces dos hechos que debemos considerar por separado:
i) que don Federico Sosto “ha emitido varias opiniones legales al Gobierno de manera gratuita, en su calidad de abogado litigante experto en
Derecho Público.”; y
ii) que estando en ejercicio de la magistratura en la Sala Constitucional, ha fungido como asesor del Gobierno Arias,
Lo primero significa que se trata de una persona estrechamente vinculada a Casa Presidencial de la más absoluta confianza de los señores Arias;
no un burócrata, no un profesional contratado, sino alguien “de la casa”, al punto de que ni siquiera devenga sueldo u honorario por sus servicios.
Según la experiencia común ¿quiénes son los que están dispuestos a darnos asesoría gratuita reiteradamente? Los parientes y los amigos más
cercanos. Un extraño nos daría consejo gratuito en una ocasión aislada, en una emergencia, etc. Si luego pretendemos que nos siga asesorando,
lo razonable es que se fije de común acuerdo una retribución. La vida es así y la excepción debe probarse.
Por otra parte dice el señor Sosto López haber emitido varias opiniones legales para el gobierno Muy interesante: ¿en cuáles casos, señor Sosto?
Es lógico pensar que fuera en los casos más complejos, en vista de las altas ejecutorias del consultado. Entonces ¿quién puede estar seguro de
que don Federico no fue consultado en relación con la Ley y el Convenio UPOV, en los casos del INS, del ICE, en Marcas, en Patentes, etc.?
¿Podría ser éste, señores Magistrados, un juez imparcial, cuando en el caso a juzgar estén de por medio los intereses del gobierno que él asesora?
Anda diciendo que se abstuvo de votar en el caso de Telecomunicaciones (gesto para la gradería, ampliamente publicitado), pero ¿no estaban en
juego los intereses de ese gobierno que él asesora también en los casos mencionados de la Ley y del Convenio UPOV, de la Ley del INS, de
marcas, etc.? ¿No es absolutamente plausible la suposición de que también en esos casos emitió su criterio experto, a pedido del Presidente o del
Ministro Arias?
El segundo punto: que estando en ejercicio de la magistratura en la Sala Constitucional, Sosto ha fungido como asesor del Gobierno Arias. Lo cual
significa que estamos nada menos que ante una persona que hoy da su experta opinión al Presidente sobre un caso concreto, y mañana se sienta
en el sitial de juez constitucional a dictar sentencia en ese mismo caso. ¿Cómo se llama esto? ¿No les recuerda, entre otras, una regla (la del
artículo 49, inciso 3, del Código Procesal Civil, la cual es en realidad un principio general del derecho) que impide al juez conocer y fallar en los
casos en que ha sido abogado de una de las partes?
Recordábamos también en aquel memorial que en la experiencia de los países civilizados relativa a las llamadas ‘jurisdicciones superiores’, los
casos en los que se cuestiona la imparcialidad de los jueces se han venido apreciando con criterios cada vez más rigurosos, en razón de la
extraordinaria importancia de lo que en esos foros se decide; y de que en tales casos alcanza su mayor tensión dramática la máxima de que la
justicia administrada por un juez parcial no es justicia, sino una befa a la justicia; y (agregamos nosotros) en el nivel de la jurisdicción constitucional:
un crimen contra los derechos fundamentales de los pueblos.
La imparcialidad del juez es un derecho fundamental de cada ciudadano. Un hombre de la entera confianza del Presidente de la República, que
asiste como su consultor a reuniones de alto nivel ¿será un juez confiable a la hora de juzgar los actos de ese presidente?
Precisamente por esa razón nuestra Sala Constitucional ha dicho (voto 6470/1999) a propósito de la integración de los tribunales penales (pero se
aplica, con mayor razón, a la suprema jurisdicción de constitucionalidad):
“…no basta con que el juez o tribunal que conoce de la causa penal sea competente, es decir, que conozca el derecho, y que haya sido nombrado
conforme a la ley de organización de los tribunales del país, sino que es fundamental garantizar su independencia e imparcialidad, tanto frente a los
otros poderes públicos, como respecto de todas las partes que intervienen en el proceso…”
Pero el magistrado Sosto López considera que ésta es una doctrina jurídica anticuada. Consultado por La Nación acerca de la conveniencia de que
un magistrado de la Sala IV tenga un nexo con el Ejecutivo, Sosto respondió:
‘…una relación “totalmente alejada” (entre ambos poderes) no es una concepción en el Estado moderno…’
¡Sublime! Pero aquí no se trata de relaciones interorgánicas entre centros abstractos de poder, sino de ligámenes de interés y amistad entre
personas de carne y hueso. Aquella estricta, jacobina separación de poderes defendida hace doscientos cincuenta años ha dado paso,
ciertamente, a la idea de la colaboración institucional (que en los hechos nunca dejó de existir). Pero esto no tiene nada que ver con las
conmixtiones del señor Sosto; que al cabo ni siquiera lucen tan desinteresadas, a la vista de las bien remuneradas asesorías de su compañero de
bufete al gobierno de los señores Arias.
Señores Magistrados, que prevalezca la razón jurídica sobre la ‘razón de Estado’.
PRUEBA: Los autos. Además adjuntamos un recorte del diario ‘La Nación’ del 10 de Julio en curso.
San José, el 14 de Julio de 2008.
ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad planteada por un grupo de diputados contra los procedimientos legislativos de aprobación de la Ley
Número 8635 del 26 de Abril de 2008.
INCIDENTE DE RECUSACIÓN.
Señores Magistrados:
Nosotros, Ronald Solís (y otros) ...atentamente comparecemos a plantear recusación del magistrado Federico Sosto López, con base en lo
siguiente:
1.- Como a todos Ustedes les consta, los suscritos hemos propuesto reiteradamente la separación del Magistrado Suplente Federico Sosto
López de todos los asuntos en conocimiento de la Sala, relacionados con el TLC y la Agenda de Implementación.
Así, todavía en el escrito inicial del incidente fechado 14 de Abril del año en curso, que es Incidente de nulidad de lo actuado en el expediente Nº 08-
003849-0007-CO (incluyendo la resolución Número 008-004570 de las 15 horas del 26 de Marzo de 2008), planteamos ante la Sala la necesidad
de anular una serie de actuaciones y resoluciones en las que intervenía el Magistrado suplente Federico Sosto López, porque nos parecía obvia su
actitud visiblemente parcializada en todo lo que se relacionaba con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la correspondiente
Agenda de Implementación que el gobierno de los señores Arias se empeñaba en hacer aprobar.
En aquel momento, con los elementos de juicio de que entonces disponíamos, dijimos lo siguiente:
“…1) Al igual que lo hizo un grupo de colegiados casi siempre ligados al Gobierno o a los grandes bufetes, el Magistrado suplente Federico Sosto
López, profesor, abogado propietario del Bufete “Sosto Hidalgo” y “allegado a la Fracción del Movimiento Libertario”, manifestó reiterada y
públicamente sus opiniones favorables a la aprobación del TLC. Y fue en esa tesitura como, en un artículo que suscribió con los colegas Alan
Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, y que fue publicado en La Nación del 15 de Enero de 2007, expresó una serie de opiniones
favorables a la aprobación del CAfta-DR por parte del Estado costarricense.
2) Nada de esto es sorpresivo: el abogado Sosto está ligado a poderosos intereses oligárquicos que se movieron decisivamente para
impulsar la aprobación del CAfta-DR.
3) En efecto, según consta en La Gaceta N. º 22 de 2 de febrero de 2004, don Federico Sosto López fue nombrado Director Suplente de la
Junta Directiva de la Liga Industrial de La Caña (LAICA), para el período de 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 y uno de sus compañeros de
Junta Directiva en ese período, en condición de Secretario, fue el señor Rodrigo Arias Sánchez, actual Ministro de la Presidencia.
4) Tanto Rodrigo Arias Sánchez como Federico Sosto López fueron designados por los grandes ingenios, a tenor del artículo 25 de la Ley N.º
7818: Ley Orgánica de Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar.
5) La Liga de la Caña (LAICA) está compuesta por los miembros de uno de los grupos empresariales que ganarán mas dinero con el TLC. Y de
ahí que, como consta en documentos en poder del Tribunal Supremo de Elecciones y hechos públicos a través de los medios, sus agremiados
invirtieran millonarias sumas en la campaña Presidencial de Oscar Arias Sánchez y en la campaña del referéndum a favor del SÍ al TLC.
6) Más grave aún, LAICA tenía un fuerte y directo interés en la aprobación de la Ley y del Convenio de Protección de Obtenciones Vegetales,
pues al amparo de los mismos, y mediante su Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA) podrá legalmente proteger
variedades de caña y semilla, según lo admitió el propio Director Ejecutivo de LAICA en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea
Legislativa, cuando dijo: “Nada más para aclarar la parte de DIECA, hay otro elemento importante que agregar aquí, que es el tema de propiedad
intelectual; o sea, nosotros cuidamos mucho la parte de propiedad intelectual y por medio de DIECA, con los convenios internacionales que se
firman con los diferentes organismos que hay....”
7) Lo anterior permite entender mejor la militancia del abogado Sosto López dentro del grupo profesional que actuó a favor del SÍ en la
contienda nacional alrededor del TLC; la cual adquirió pública y general notoriedad, hasta el punto de quedar él mismo claramente identificado,
subjetiva y objetivamente, dentro del bando respectivo; al igual que sus cofirmantes los abogados Rubén Hernández, Rodrigo Oreamuno y Alan
Thompson.
8) Estando así las cosas, resultó que desde hace algunos meses la Sala Constitucional ha integrado al Magistrado Suplente Federico Sosto
para llenar una vacante temporal; pero no ha reparado en el hecho de que, por las razones arriba expuestas, y según se explica a continuación,
dicho profesional se encuentra inhabilitado específicamente para formar el correspondiente colegio juzgador a la hora de emitir la correspondiente
opinión consultiva previa acerca de los proyectos que forman la llamada Agenda de Implementación; y por consiguiente también se encontraba
legalmente inhabilitado con respecto al proyecto de Ley de aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
Y en consecuencia, al igual que el vicio apuntado se ha venido consumando en los votos de la Sala emitidos al evacuar la consulta de las
anteriores leyes de la Agenda, también la resolución Número 08-004570 de las 15 horas del 26 de Marzo pasado, en la que dicho tribunal rechaza
por mayoría las objeciones de constitucionalidad planteadas, contó con el voto del Licenciado Sosto López.
9) En declaraciones brindadas al periódico La Nación del 19 de Febrero último, el Licenciado Sosto López anunció que se excusaría de integrar
como suplente la Sala Constitucional en la consulta relacionada con el proyecto de Ley de telecomunicaciones, por la razón de que dicho proyecto
incluía aspectos sobre los que con anterioridad externó criterio…”
Ahora bien, con fecha 10 de Julio de 2008, el diario La Nación publica la siguiente noticia:
“…El magistrado suplente de la Sala Constitucional Federico Sosto López da asesoría jurídica a la Presidencia de la República.
Sosto López reconoció ayer a La Nación que ha emitido varias opiniones legales al Gobierno de manera gratuita, en su calidad de abogado litigante
experto en Derecho Público.
Un ejemplo de ello se dio este martes, cuando Sosto fue llamado por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, para contar con su opinión en la
cita con la Contraloría General de la República (CGR) sobre las donaciones de $2 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) a la Casa Presidencial.
El magistrado, uno de los siete suplentes de la Sala IV, fue el único abogado que participó como jurista en la reunión de casi una hora en Zapote,
San José.
Estuvieron el presidente Óscar Arias, la vicepresidenta Laura Chinchilla y los ministros Rodrigo Arias, Marco Vargas y Guillermo Zúñiga. Por la
Contraloría participaron su principal jerarca, Rocío Aguilar, y el gerente de División, Walter Ramírez.
“Sí, di una opinión, pero en aras de una colaboración”, contestó Sosto, quien admitió que lo ha hecho en esta Administración y en otras anteriores.
Se intentó obtener ayer una explicación de Casa Presidencial, pero no fructificó la consulta planteada con la asesora de prensa Mishelle Mitchell, a
las 5:26 p. m.
Para Sosto, este “no es un asunto (las donaciones del BCIE) que se esté ventilando en la Sala IV; no iría a ninguna reunión sobre esto”.
Consultado sobre la conveniencia de que un magistrado de la Sala IV tenga un nexo con el Ejecutivo, Sosto respondió: una relación “totalmente
alejada (entre ambos poderes) no es una concepción en el Estado moderno.
“Los poderes no están alejados porque pertenecen al mismo Estado. El sistema está diseñado para que uno, en mi calidad de suplente, no emita
opinión de asuntos en los que se ha opinado”.
Dada la ausencia de magistrados titulares, Sosto ha participado en varias resoluciones sobre temas relacionados con la agenda de implementación
del TLC, acerca de trámites legislativos y proyectos como el de Obtenciones Vegetales y Ley de Marcas.
Sosto recordó que se abstuvo de votar la resolución sobre la Ley de Telecomunicaciones, pues ya había emitido criterios sobre ella.
Al magistrado suplente lo nombraron los diputados a finales del 2005, por sugerencia del Movimiento Libertario. “Siempre he sido un defensor de la
libertad. Puedo ser allegado a los libertarios desde el punto de vista de la libertad”, expresó en esa ocasión.
Federico Sosto, de 45 años, descartó que haya recibido pago alguno por los criterios legales que brinda al Gobierno.
El jurista tiene oficina en barrio Los Yoses, Montes de Oca, y la comparte con Jorge Alberto Hidalgo Vega, según los registros del Colegio de
Abogados de Costa Rica.
Hidalgo, regidor libertario en San José, es uno de los abogados contratados para asesorar a la Casa Presidencial con parte de los $2 millones
donados por el BCIE desde noviembre del 2006…”
Tenemos entonces dos hechos que debemos considerar por separado:
i) que don Federico Sosto “ha emitido varias opiniones legales al Gobierno de manera gratuita, en su calidad de abogado litigante experto en
Derecho Público.”; y
ii) que estando en ejercicio de la magistratura en la Sala Constitucional, ha fungido como asesor del Gobierno Arias,
Lo primero significa que se trata de una persona estrechamente vinculada a Casa Presidencial de la más absoluta confianza de los señores Arias;
no un burócrata, no un profesional contratado, sino alguien “de la casa”, al punto de que ni siquiera devenga sueldo u honorario por sus servicios.
Según la experiencia común ¿quiénes son los que están dispuestos a darnos asesoría gratuita reiteradamente? Los parientes y los amigos más
cercanos. Un extraño nos daría consejo gratuito en una ocasión aislada, en una emergencia, etc. Si luego pretendemos que nos siga asesorando,
lo razonable es que se fije de común acuerdo una retribución. La vida es así y la excepción debe probarse.
Por otra parte dice el señor Sosto López haber emitido varias opiniones legales para el gobierno Muy interesante: ¿en cuáles casos, señor Sosto?
Es lógico pensar que fuera en los casos más complejos, en vista de las altas ejecutorias del consultado. Entonces ¿quién puede estar seguro de
que don Federico no fue consultado en relación con la Ley y el Convenio UPOV, en los casos del INS, del ICE, en Marcas, en Patentes, etc.?
¿Podría ser éste, señores Magistrados, un juez imparcial, cuando en el caso a juzgar estén de por medio los intereses del gobierno que él asesora?
Anda diciendo que se abstuvo de votar en el caso de Telecomunicaciones (gesto para la gradería, ampliamente publicitado), pero ¿no estaban en
juego los intereses de ese gobierno que él asesora también en los casos mencionados de la Ley y del Convenio UPOV, de la Ley del INS, de
marcas, etc.? ¿No es absolutamente plausible la suposición de que también en esos casos emitió su criterio experto, a pedido del Presidente o del
Ministro Arias?
El segundo punto: que estando en ejercicio de la magistratura en la Sala Constitucional, Sosto ha fungido como asesor del Gobierno Arias. Lo cual
significa que estamos nada menos que ante una persona que hoy da su experta opinión al Presidente sobre un caso concreto, y mañana se sienta
en el sitial de juez constitucional a dictar sentencia en ese mismo caso. ¿Cómo se llama esto? ¿No les recuerda, entre otras, una regla (la del
artículo 49, inciso 3, del Código Procesal Civil, la cual es en realidad un principio general del derecho) que impide al juez conocer y fallar en los
casos en que ha sido abogado de una de las partes?
Recordábamos también en aquel memorial que en la experiencia de los países civilizados relativa a las llamadas ‘jurisdicciones superiores’, los
casos en los que se cuestiona la imparcialidad de los jueces se han venido apreciando con criterios cada vez más rigurosos, en razón de la
extraordinaria importancia de lo que en esos foros se decide; y de que en tales casos alcanza su mayor tensión dramática la máxima de que la
justicia administrada por un juez parcial no es justicia, sino una befa a la justicia; y (agregamos nosotros) en el nivel de la jurisdicción constitucional:
un crimen contra los derechos fundamentales de los pueblos.
La imparcialidad del juez es un derecho fundamental de cada ciudadano. Un hombre de la entera confianza del Presidente de la República, que
asiste como su consultor a reuniones de alto nivel ¿será un juez confiable a la hora de juzgar los actos de ese presidente?
Precisamente por esa razón nuestra Sala Constitucional ha dicho (voto 6470/1999) a propósito de la integración de los tribunales penales (pero se
aplica, con mayor razón, a la suprema jurisdicción de constitucionalidad):
“…no basta con que el juez o tribunal que conoce de la causa penal sea competente, es decir, que conozca el derecho, y que haya sido nombrado
conforme a la ley de organización de los tribunales del país, sino que es fundamental garantizar su independencia e imparcialidad, tanto frente a los
otros poderes públicos, como respecto de todas las partes que intervienen en el proceso…”
Pero el magistrado Sosto López considera que ésta es una doctrina jurídica anticuada. Consultado por La Nación acerca de la conveniencia de que
un magistrado de la Sala IV tenga un nexo con el Ejecutivo, Sosto respondió:
‘…una relación “totalmente alejada” (entre ambos poderes) no es una concepción en el Estado moderno…’
¡Sublime! Pero aquí no se trata de relaciones interorgánicas entre centros abstractos de poder, sino de ligámenes de interés y amistad entre
personas de carne y hueso. Aquella estricta, jacobina separación de poderes defendida hace doscientos cincuenta años ha dado paso,
ciertamente, a la idea de la colaboración institucional (que en los hechos nunca dejó de existir). Pero esto no tiene nada que ver con las
conmixtiones del señor Sosto; que al cabo ni siquiera lucen tan desinteresadas, a la vista de las bien remuneradas asesorías de su compañero de
bufete al gobierno de los señores Arias.
Señores Magistrados, que prevalezca la razón jurídica sobre la ‘razón de Estado’.
PRUEBA: Los autos. Además adjuntamos un recorte del diario ‘La Nación’ del 10 de Julio en curso.
San José, el 14 de Julio de 2008.
Diputados del PAC presentan recurso para
anular votos de magistrado Sosto
Redacción, 15 Jul (NP) Varios legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC),
presentarán hoy martes ante la Sala IV un recurso de inconstitucionalidad contra la
actuación del Magistrado de esa entidad, Federico Sosto López, por considerarla
contraria a la legislación vigente.
Sobre diversas acciones que han presentado diputados del PAC, entre ellos Ronald
Solís, el abogado y ex Director de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Costa Rica, Walter Antillón, afirmó que este proceder va emprendido contra
acciones viciadas.
Tanto el magistrado Sosto López como el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias,
han reconocido que el primero ha funcionado como asesor de su dependencia del
Poder Ejecutivo, mientras que el bufete del juez constitucional ha recibido el pago
por una cuantiosa asesoría, financiada al gobierno por el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE).
Nuestro País, por la importancia del caso que ha sacudido diversos sectores
sociales costarricenses ofrece el texto integro del documento que será entregado
hoy a la Sala Constitucional.
anular votos de magistrado Sosto
Redacción, 15 Jul (NP) Varios legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC),
presentarán hoy martes ante la Sala IV un recurso de inconstitucionalidad contra la
actuación del Magistrado de esa entidad, Federico Sosto López, por considerarla
contraria a la legislación vigente.
Sobre diversas acciones que han presentado diputados del PAC, entre ellos Ronald
Solís, el abogado y ex Director de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Costa Rica, Walter Antillón, afirmó que este proceder va emprendido contra
acciones viciadas.
Tanto el magistrado Sosto López como el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias,
han reconocido que el primero ha funcionado como asesor de su dependencia del
Poder Ejecutivo, mientras que el bufete del juez constitucional ha recibido el pago
por una cuantiosa asesoría, financiada al gobierno por el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE).
Nuestro País, por la importancia del caso que ha sacudido diversos sectores
sociales costarricenses ofrece el texto integro del documento que será entregado
hoy a la Sala Constitucional.
El Partido Acción Ciudadana presentará un recurso ante
la Sala Constitucional solicitando anular los votos en lo
que ha participado el Magistrado Sosto. NUESTRO PAÍS
la Sala Constitucional solicitando anular los votos en lo
que ha participado el Magistrado Sosto. NUESTRO PAÍS
Comentarios
1- Doy por sentado que se ha presentado el documento ante la Sala. Esperaríamos que esta vez el Derecho y la buena
razón prevalezcan de parte de ojalá todos los señores Magistrados de la Sala Constitucional, y que no continuemos en el
limbo jurídico como ha pasado con el TSE. El costo para el país y para nuestro sistenma jurídico es demasiado alto, y no es
justo que sigamos pagándolo por hacer prevalecer los intereses de una minoría. Reconozco una vez más la labor de
nuestros diputados.
Edgar Brenes, Cartago
razón prevalezcan de parte de ojalá todos los señores Magistrados de la Sala Constitucional, y que no continuemos en el
limbo jurídico como ha pasado con el TSE. El costo para el país y para nuestro sistenma jurídico es demasiado alto, y no es
justo que sigamos pagándolo por hacer prevalecer los intereses de una minoría. Reconozco una vez más la labor de
nuestros diputados.
Edgar Brenes, Cartago
2- ¿Qué podemos esperar de esta bronca entre carteles, tal como dijo Carlos Roberto Loría en Campanada? Seguirá
respondiendo la Sala IV a los designios de Heredia? Habrán amarrado los tibaseños otras cuerdas para desviar agua a su
favor? Pronto se sabrá. No le cifro muchas esperanzas a esta escaramuza de palacio. Pero sí que disfruto al ver a estos
mafiosos caroñeros peleándose entre sí. Al menos unos cuantos saldrán muy mal heridos. Y sí los ticos fuéramos un poco
más combativos, sabríamos sacar provecho de este pleito de la "nobleza" y así fortalecer al pueblo. Pero ya se verá. Aunque
no soy muy confeso, me gusta citar a San Pablo cuando dijo, hay un tiempo para todo...
Gian Kats, San José
respondiendo la Sala IV a los designios de Heredia? Habrán amarrado los tibaseños otras cuerdas para desviar agua a su
favor? Pronto se sabrá. No le cifro muchas esperanzas a esta escaramuza de palacio. Pero sí que disfruto al ver a estos
mafiosos caroñeros peleándose entre sí. Al menos unos cuantos saldrán muy mal heridos. Y sí los ticos fuéramos un poco
más combativos, sabríamos sacar provecho de este pleito de la "nobleza" y así fortalecer al pueblo. Pero ya se verá. Aunque
no soy muy confeso, me gusta citar a San Pablo cuando dijo, hay un tiempo para todo...
Gian Kats, San José