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Recurso de amparo contra decreto presidencial que favorece minería a cielo
abierto
20 de Octubre de 2008
Redacción (NP) – Un recurso de amparo contra el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y su ministro del Ambiente (Minaet), Rodolfo Dobles, fue
presentado por la Asociación Norte por la Vida (UNOVIDA), por el decreto que favorece la minería de oro a cielo abierto, en Crucitas, San Carlos,
provincia de Alajuela.
El recurso fue presentado este domingo, a la una de la tarde, por el Presidente a.i. de UNOVIDA, el abogado Edgardo Araya Sibaja, que impugna el
Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 201 del viernes anterior.
Dicho decreto, como ha informado Nuestro País profusamente desde el viernes, declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto
Minero Crucitas, desarrollado por la empresa Industrias Infinito S.A.
“En virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas), y al desarrollo de las obras de infraestructura en
áreas de protección”, según se indica en el proyecto.
Desde el mismo viernes la empresa inició la tala rasa de árboles en bosque primario y secundario de Crucitas, donde se desarrollará la explotación
de oro a cielo abierto, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
UNOVIDA es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, cuyo objetivo principal es la articulación de los diferentes grupos organizados
que luchan por la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Región Huetar Norte de Costa Rica, -particularmente-, y del país en general.
La organización, que forma parte del Frente Norte de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto, que la Asociación Norte por la Vida interpone
esta gestión, recordó que en mayor anterior la empresa presentó una solicitud de cambio de uso de suelo para la explotación de oro a cielo abierto
con lixiviación de cianuro.
Bosques arrasados
Con el mencionado “plan de manejo” la compañía minera pretende arrasar, literalmente, con 262 hectáreas, 9 008,75 m2 (entiéndase “tala rasa
absoluta con total desaparición de la cobertura vegetal”), para llevar adelante las excavaciones para su proyecto minero de oro a cielo abierto en
Crucitas de Cutris, San Carlos.
Dicha zona es de alta vulnerabilidad ambiental y rica en recurso hídrico, a poco más de dos kilómetros de la margen costarricense del río San Juan y
muy cercana al Refugio de Vida Silvestre Maquenque, al Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte y al Corredor Biológico San Juan-La
Selva.
Dichos refugios también están destinados a la protección de especies en vías de extinción, como es el caso de la lapa verde (ara ambiguus). De
esa cantidad de hectáreas, 191 son terrenos totalmente cubiertos de bosque.
Araya sostiene en el Recurso de Amparo que además de lo anterior, para llevar a cabo su actividad, la empresa minera necesita destruir y arrasar
con toda zona de protección de quebradas y nacientes existentes en el área de las excavaciones y de las zonas de relaves, donde se construirán
lagunas.
Por otro lado, la empresa minera deberá desviar una o más quebradas para la consecución de sus fines, y se verán afectados con esta acción
importantes acuíferos superficiales como las quebradas La Plata y la Mina, que son zonas de recarga acuífera.
Araya dijo que Oldemar Corrales Jiménez, en su condición de Jefe de la Subregión San Carlos-Los Chiles del MINAET, mediante Oficio 559-2008-
SC, del 16 de julio del 2008, al pronunciarse sobre el mencionado Plan de Manejo, resolvió: “Por lo tanto, quedamos a la espera, antes de emitir la
Resolución Final del Plan de Manejo Forestal, que se aporte el expediente administrativo del Decreto de Conveniencia Nacional e Interés Público del
Proyecto Minero Crucitas, donde se indique expresamente la autorización del cambio de uso de suelo en el bosque a intervenir” .
Posteriormente, el 17 de octubre del 2008, en el Diario Oficial La Gaceta número 201, se publicó el Decreto Ejecutivo 34801-MINAET, de las trece
horas del día trece de octubre, dictado por Arias Sánchez y Dobles Mora (Ver Millones de dólares quebraron la política de Paz a la Naturaleza).
En el decreto, con la justificación de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional, autorizan a la empresa minera a cortar todos lo
árboles que requieran, incluyendo las especies en veda, entre las que se encuentran gran cantidad de la especie almendro amarillo (dipteryx
panamensis).
Dicha especie, además de estar amenazada constituye el hábitat fundamental y principal fuente de alimento en época reproductiva de la lapa verde
(ara ambiguus), especie amenazada de extinción.
Ilegalidad
Araya recordó a la Sala IV que esto se da a pesar de lo establecido por el propio Poder Ejecutivo en el Decreto Nº 25700 del 15 de noviembre de
1996, con respecto a otras especies amenazadas, y a jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional, vertida en los votos 2486-2002, de las
10:54 horas del 8 de marzo del 2002 y 13426-2008, aún en proceso de redacción.
En dichos votos, aún en proceso de redacción, se le prohíbe expresamente al MINAET dar permiso para la explotación del árbol almendro amarillo.
Araya también impugna la justificación para la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero, porque únicamente se
fundamenta en los posibles beneficios económicos que especulan va a generar el proyecto minero.
Todas estas cifras de supuestos “beneficios económicos” se basan en meras suposiciones de lo que eventualmente el proyecto redituaría en
términos económicos, según expectativas de la misma empresa minera.
Mientras en lo económico hay solo expectativas, avanza la destrucción del bosque que se está dando en este instante, e implica un daño real e
inmediato a la flora y fauna silvestre y a la biodiversidad de nuestro país y del planeta en general, precisó Araya.
Además, señala que el decreto impugnado es absolutamente omiso en cuanto a la valoración del costo socio-ambiental que implicaría la destrucción
total de más de 196 hectáreas de bosque (incluyendo las especies con protección especial por su importancia en el ecosistema, -entiéndase
almendro amarillo en relación con lapa verde-) y de zonas de protección de ríos y quebradas que invadirá y destruirá la empresa minera, con su
consiguiente afectación del recurso hídrico.
Araya sostiene que el decreto no tiene ninguna base científico-técnica que en forma objetiva permita valorar el costo-socio-ambiental de tal
destrucción y que permita con algún grado de certeza establecer que el beneficio social de esta destrucción es mayor que el costo socio-ambiental
de la misma, como lo exige la legislación forestal vigente.
Resaltó que “en toda el área del bosque que se pretende desaparecer, -y que de hecho para el momento en que se redacta este escrito está
desapareciendo-, no se pretende construir ningún tipo de infraestructura.
De acuerdo con Araya, se entiende por infraestructura el “conjunto de servicios básicos para el funcionamiento de una economía moderna”.
Sin embargo, para el dirigente de UNOVIDA lo que se va a llevar a cabo son grandes excavaciones en la tierra para procesar el material mediante
lixiviación de cianuro, con el fin de extraer el oro que se encuentra diseminado en la tierra”.
Araya advirtió también que el procesamiento se hará en otra zona distinta de donde se harán las excavaciones, que incluyen la utilización de
explosivos. También se contempla en el área de bosques construir las lagunas de relaves para almacenar el material cianurado.
Finalmente, Araya solicitó que se declare con lugar el Recurso de Amparo y en consecuencia se anule por inconstitucional el decreto 34801-
MINAET. (Ver Argumentos de Derecho para declarar inconstitucional el Decreto 34801-MINAET)
abierto
20 de Octubre de 2008
Redacción (NP) – Un recurso de amparo contra el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y su ministro del Ambiente (Minaet), Rodolfo Dobles, fue
presentado por la Asociación Norte por la Vida (UNOVIDA), por el decreto que favorece la minería de oro a cielo abierto, en Crucitas, San Carlos,
provincia de Alajuela.
El recurso fue presentado este domingo, a la una de la tarde, por el Presidente a.i. de UNOVIDA, el abogado Edgardo Araya Sibaja, que impugna el
Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 201 del viernes anterior.
Dicho decreto, como ha informado Nuestro País profusamente desde el viernes, declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto
Minero Crucitas, desarrollado por la empresa Industrias Infinito S.A.
“En virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas), y al desarrollo de las obras de infraestructura en
áreas de protección”, según se indica en el proyecto.
Desde el mismo viernes la empresa inició la tala rasa de árboles en bosque primario y secundario de Crucitas, donde se desarrollará la explotación
de oro a cielo abierto, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
UNOVIDA es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, cuyo objetivo principal es la articulación de los diferentes grupos organizados
que luchan por la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Región Huetar Norte de Costa Rica, -particularmente-, y del país en general.
La organización, que forma parte del Frente Norte de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto, que la Asociación Norte por la Vida interpone
esta gestión, recordó que en mayor anterior la empresa presentó una solicitud de cambio de uso de suelo para la explotación de oro a cielo abierto
con lixiviación de cianuro.
Bosques arrasados
Con el mencionado “plan de manejo” la compañía minera pretende arrasar, literalmente, con 262 hectáreas, 9 008,75 m2 (entiéndase “tala rasa
absoluta con total desaparición de la cobertura vegetal”), para llevar adelante las excavaciones para su proyecto minero de oro a cielo abierto en
Crucitas de Cutris, San Carlos.
Dicha zona es de alta vulnerabilidad ambiental y rica en recurso hídrico, a poco más de dos kilómetros de la margen costarricense del río San Juan y
muy cercana al Refugio de Vida Silvestre Maquenque, al Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte y al Corredor Biológico San Juan-La
Selva.
Dichos refugios también están destinados a la protección de especies en vías de extinción, como es el caso de la lapa verde (ara ambiguus). De
esa cantidad de hectáreas, 191 son terrenos totalmente cubiertos de bosque.
Araya sostiene en el Recurso de Amparo que además de lo anterior, para llevar a cabo su actividad, la empresa minera necesita destruir y arrasar
con toda zona de protección de quebradas y nacientes existentes en el área de las excavaciones y de las zonas de relaves, donde se construirán
lagunas.
Por otro lado, la empresa minera deberá desviar una o más quebradas para la consecución de sus fines, y se verán afectados con esta acción
importantes acuíferos superficiales como las quebradas La Plata y la Mina, que son zonas de recarga acuífera.
Araya dijo que Oldemar Corrales Jiménez, en su condición de Jefe de la Subregión San Carlos-Los Chiles del MINAET, mediante Oficio 559-2008-
SC, del 16 de julio del 2008, al pronunciarse sobre el mencionado Plan de Manejo, resolvió: “Por lo tanto, quedamos a la espera, antes de emitir la
Resolución Final del Plan de Manejo Forestal, que se aporte el expediente administrativo del Decreto de Conveniencia Nacional e Interés Público del
Proyecto Minero Crucitas, donde se indique expresamente la autorización del cambio de uso de suelo en el bosque a intervenir” .
Posteriormente, el 17 de octubre del 2008, en el Diario Oficial La Gaceta número 201, se publicó el Decreto Ejecutivo 34801-MINAET, de las trece
horas del día trece de octubre, dictado por Arias Sánchez y Dobles Mora (Ver Millones de dólares quebraron la política de Paz a la Naturaleza).
En el decreto, con la justificación de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional, autorizan a la empresa minera a cortar todos lo
árboles que requieran, incluyendo las especies en veda, entre las que se encuentran gran cantidad de la especie almendro amarillo (dipteryx
panamensis).
Dicha especie, además de estar amenazada constituye el hábitat fundamental y principal fuente de alimento en época reproductiva de la lapa verde
(ara ambiguus), especie amenazada de extinción.
Ilegalidad
Araya recordó a la Sala IV que esto se da a pesar de lo establecido por el propio Poder Ejecutivo en el Decreto Nº 25700 del 15 de noviembre de
1996, con respecto a otras especies amenazadas, y a jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional, vertida en los votos 2486-2002, de las
10:54 horas del 8 de marzo del 2002 y 13426-2008, aún en proceso de redacción.
En dichos votos, aún en proceso de redacción, se le prohíbe expresamente al MINAET dar permiso para la explotación del árbol almendro amarillo.
Araya también impugna la justificación para la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero, porque únicamente se
fundamenta en los posibles beneficios económicos que especulan va a generar el proyecto minero.
Todas estas cifras de supuestos “beneficios económicos” se basan en meras suposiciones de lo que eventualmente el proyecto redituaría en
términos económicos, según expectativas de la misma empresa minera.
Mientras en lo económico hay solo expectativas, avanza la destrucción del bosque que se está dando en este instante, e implica un daño real e
inmediato a la flora y fauna silvestre y a la biodiversidad de nuestro país y del planeta en general, precisó Araya.
Además, señala que el decreto impugnado es absolutamente omiso en cuanto a la valoración del costo socio-ambiental que implicaría la destrucción
total de más de 196 hectáreas de bosque (incluyendo las especies con protección especial por su importancia en el ecosistema, -entiéndase
almendro amarillo en relación con lapa verde-) y de zonas de protección de ríos y quebradas que invadirá y destruirá la empresa minera, con su
consiguiente afectación del recurso hídrico.
Araya sostiene que el decreto no tiene ninguna base científico-técnica que en forma objetiva permita valorar el costo-socio-ambiental de tal
destrucción y que permita con algún grado de certeza establecer que el beneficio social de esta destrucción es mayor que el costo socio-ambiental
de la misma, como lo exige la legislación forestal vigente.
Resaltó que “en toda el área del bosque que se pretende desaparecer, -y que de hecho para el momento en que se redacta este escrito está
desapareciendo-, no se pretende construir ningún tipo de infraestructura.
De acuerdo con Araya, se entiende por infraestructura el “conjunto de servicios básicos para el funcionamiento de una economía moderna”.
Sin embargo, para el dirigente de UNOVIDA lo que se va a llevar a cabo son grandes excavaciones en la tierra para procesar el material mediante
lixiviación de cianuro, con el fin de extraer el oro que se encuentra diseminado en la tierra”.
Araya advirtió también que el procesamiento se hará en otra zona distinta de donde se harán las excavaciones, que incluyen la utilización de
explosivos. También se contempla en el área de bosques construir las lagunas de relaves para almacenar el material cianurado.
Finalmente, Araya solicitó que se declare con lugar el Recurso de Amparo y en consecuencia se anule por inconstitucional el decreto 34801-
MINAET. (Ver Argumentos de Derecho para declarar inconstitucional el Decreto 34801-MINAET)
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