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Académicos y juristas denuncian al Gobierno por evadir leyes ambientales
27 de Octubre de 2008
Redacción, (elpais.co.cr) - Docenas de proyectos inmobiliarios y turísticos en las siete provincias de Costa Rica, son favorecidos por el Gobierno
mediante la modificación de leyes o para evadir solapadamente su aplicación.
Así lo denunció el grupo “Llamado urgente por el país”, integrado de diversas áreas, integrado por una veintena de juristas, biólogos y geógrafos,
entre otros,
Precisaron que a contrapelo de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual establece que solamente mediante la promulgación de una Ley y la realización
de estudios técnicos es posible segregar porciones de las áreas silvestres protegidas, el Poder Ejecutivo ya ha promulgado dos decretos que
segregan partes terrestres y marinas de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo e Isla San Lucas.
En cuanto a la violación de las normas que establecen zonas inconstructibles, han promulgado, sin ningún criterio técnico, decretos como el que
cambia de un 60% a un 75% la pendiente máxima sobre la que se puede construir en un terreno y el que convierte en constructible el anillo de
protección de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental y de someterla a aprobación de la SETENA sería un obstáculo para las
ambiciones de inversiones a gran escala, precisaron.
Afirmaron que “so pretexto de la lentitud en los trámites de aprobación de dichas evaluaciones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA),
fue intervenida por el Ministro de Competitividad, de manera no oficial y con la complicidad del Ministro del Ambiente”.
“Lamentablemente dicha intervención se hizo a costas de los fines mismos de la SETENA, que buscan asegurar la sostenibilidad ambiental de las
actividades, obras y proyectos humanos, pues se ha convertido en una máquina de otorgar viabilidades ambientales como un simple requisito más”
“Un impedimento más lo constituye la participación ciudadana. La tendencia ha sido a ir cerrando los espacios de participación ciudadana ya
creados anteriormente”, precisaron.
Como dos ejemplos de ello señalaron, en primer lugar, la no convocatoria, desde noviembre del 2006, de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA
en temas de evaluación de impacto ambiental y de gestión ambiental, la cual, mientras funcionó, desarrolló reglamentos e procedimientos técnicos
de forma concertada entre actores muy diversos.
En segundo lugar, la emisión de un decreto que deniega el acceso a los expedientes del Tribunal Ambiental Administrativo a quien no sea parte en
el proceso o su representante.
Una norma que la Sala Constitucional misma derivó del artículo 50 de la Constitución Política: la introducción de la variable ambiental en los planes
reguladores municipales y, en general, en la planificación del uso del suelo, se convierte en otro problema para el gobierno.
Ejemplo de ello fue la emisión de un decreto que establece parámetros de desarrollo urbano para la región Chorotega.
“Este decreto, aparte de invadir competencias del INVU, no integró la variable ambiental. También existe la voluntad del Ministro de la
Competitividad, manifestada en diferentes foros, de eliminar el instrumento técnico, establecido por decreto, para la integración de la variable
ambiental en la planificación del uso del suelo y ello a pesar de que las municipalidades ya lo están utilizando”, añadió “Llamado urgente por el país”.
Denunció que las leyes de protección de los ecosistemas forestales y de los ecosistemas de humedales, prohíben el cambio de uso del suelo en los
terrenos cubiertos de bosque, así como el drenaje y el relleno de humedales, pero el Gobierno las incumple.
“Ejemplo de ello ha sido la elaboración unilateral, por parte del Ministerio de la Competitividad, de proyectos de decreto de forma poco participativa e
inconsulta con los actores sociales”, explicó el grupo.
Además, la legislación ambiental ha sido igualmente una piedra en el zapato para el desarrollo insostenible, promovido por este Gobierno, de
actividades tales como el monocultivo de la piña, la minería metálica a cielo abierto, la exploración y explotación de hidrocarburos, el desarrollo
inmobiliario masivo, particularmente en las regiones costeras, y la construcción de mega marinas turísticas.
“Al hacer un recuento de irregularidades en todas estas actividades dos temas son recurrentes: la ausencia de aprobación o aprobación irregular de
viabilidades ambientales de parte de la SETENA y la toma de decisiones sin participación ciudadana”, resaltó.
“Cada una de las acciones descritas anteriormente, así como muchas otras no mencionadas en el presente documento, constituyen sangrados de
mayor o menor proporción que se suman para causar una hemorragia de grandes proporciones a nuestro sistema de protección ambiental”,
denunció el grupo en un manifiesto, dado a conocer el domingo por Nuestro País.
El Grupo
Entre los integrantes se encuentran Rafael Arce Mesén, Geógrafo, Director Escuela Geografía, de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mario Arias
Salguero, Geólogo. Yamileth Astorga Espeleta, Bióloga, Coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral (PROGAI-CICA), UCR; Javier
Baltodano Aragón, Biólogo, miembro de la Asociación de Comunidades Ecologistas la Ceiba (COECOCEIBA).
Además, Nicolas Boeglin, Profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN,
Carlos Camacho Garro, Geógrafo, especialista en SIG y miembro de PruGAM. Rolando Castro, Abogado, profesor de la Maestría en Derecho
Ambiental de la UCR, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN, Alberto Cortés Ramos, Politólogo, miembro del
Consejo Universitario de la UCR, y Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, notario y consultor ambiental, académico en Escuela de Ciencias Ambientales,
Universidad Nacional (UNA), entre otros.
27 de Octubre de 2008
Redacción, (elpais.co.cr) - Docenas de proyectos inmobiliarios y turísticos en las siete provincias de Costa Rica, son favorecidos por el Gobierno
mediante la modificación de leyes o para evadir solapadamente su aplicación.
Así lo denunció el grupo “Llamado urgente por el país”, integrado de diversas áreas, integrado por una veintena de juristas, biólogos y geógrafos,
entre otros,
Precisaron que a contrapelo de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual establece que solamente mediante la promulgación de una Ley y la realización
de estudios técnicos es posible segregar porciones de las áreas silvestres protegidas, el Poder Ejecutivo ya ha promulgado dos decretos que
segregan partes terrestres y marinas de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo e Isla San Lucas.
En cuanto a la violación de las normas que establecen zonas inconstructibles, han promulgado, sin ningún criterio técnico, decretos como el que
cambia de un 60% a un 75% la pendiente máxima sobre la que se puede construir en un terreno y el que convierte en constructible el anillo de
protección de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental y de someterla a aprobación de la SETENA sería un obstáculo para las
ambiciones de inversiones a gran escala, precisaron.
Afirmaron que “so pretexto de la lentitud en los trámites de aprobación de dichas evaluaciones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA),
fue intervenida por el Ministro de Competitividad, de manera no oficial y con la complicidad del Ministro del Ambiente”.
“Lamentablemente dicha intervención se hizo a costas de los fines mismos de la SETENA, que buscan asegurar la sostenibilidad ambiental de las
actividades, obras y proyectos humanos, pues se ha convertido en una máquina de otorgar viabilidades ambientales como un simple requisito más”
“Un impedimento más lo constituye la participación ciudadana. La tendencia ha sido a ir cerrando los espacios de participación ciudadana ya
creados anteriormente”, precisaron.
Como dos ejemplos de ello señalaron, en primer lugar, la no convocatoria, desde noviembre del 2006, de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA
en temas de evaluación de impacto ambiental y de gestión ambiental, la cual, mientras funcionó, desarrolló reglamentos e procedimientos técnicos
de forma concertada entre actores muy diversos.
En segundo lugar, la emisión de un decreto que deniega el acceso a los expedientes del Tribunal Ambiental Administrativo a quien no sea parte en
el proceso o su representante.
Una norma que la Sala Constitucional misma derivó del artículo 50 de la Constitución Política: la introducción de la variable ambiental en los planes
reguladores municipales y, en general, en la planificación del uso del suelo, se convierte en otro problema para el gobierno.
Ejemplo de ello fue la emisión de un decreto que establece parámetros de desarrollo urbano para la región Chorotega.
“Este decreto, aparte de invadir competencias del INVU, no integró la variable ambiental. También existe la voluntad del Ministro de la
Competitividad, manifestada en diferentes foros, de eliminar el instrumento técnico, establecido por decreto, para la integración de la variable
ambiental en la planificación del uso del suelo y ello a pesar de que las municipalidades ya lo están utilizando”, añadió “Llamado urgente por el país”.
Denunció que las leyes de protección de los ecosistemas forestales y de los ecosistemas de humedales, prohíben el cambio de uso del suelo en los
terrenos cubiertos de bosque, así como el drenaje y el relleno de humedales, pero el Gobierno las incumple.
“Ejemplo de ello ha sido la elaboración unilateral, por parte del Ministerio de la Competitividad, de proyectos de decreto de forma poco participativa e
inconsulta con los actores sociales”, explicó el grupo.
Además, la legislación ambiental ha sido igualmente una piedra en el zapato para el desarrollo insostenible, promovido por este Gobierno, de
actividades tales como el monocultivo de la piña, la minería metálica a cielo abierto, la exploración y explotación de hidrocarburos, el desarrollo
inmobiliario masivo, particularmente en las regiones costeras, y la construcción de mega marinas turísticas.
“Al hacer un recuento de irregularidades en todas estas actividades dos temas son recurrentes: la ausencia de aprobación o aprobación irregular de
viabilidades ambientales de parte de la SETENA y la toma de decisiones sin participación ciudadana”, resaltó.
“Cada una de las acciones descritas anteriormente, así como muchas otras no mencionadas en el presente documento, constituyen sangrados de
mayor o menor proporción que se suman para causar una hemorragia de grandes proporciones a nuestro sistema de protección ambiental”,
denunció el grupo en un manifiesto, dado a conocer el domingo por Nuestro País.
El Grupo
Entre los integrantes se encuentran Rafael Arce Mesén, Geógrafo, Director Escuela Geografía, de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mario Arias
Salguero, Geólogo. Yamileth Astorga Espeleta, Bióloga, Coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral (PROGAI-CICA), UCR; Javier
Baltodano Aragón, Biólogo, miembro de la Asociación de Comunidades Ecologistas la Ceiba (COECOCEIBA).
Además, Nicolas Boeglin, Profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN,
Carlos Camacho Garro, Geógrafo, especialista en SIG y miembro de PruGAM. Rolando Castro, Abogado, profesor de la Maestría en Derecho
Ambiental de la UCR, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN, Alberto Cortés Ramos, Politólogo, miembro del
Consejo Universitario de la UCR, y Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, notario y consultor ambiental, académico en Escuela de Ciencias Ambientales,
Universidad Nacional (UNA), entre otros.
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