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Defensoría pidió a CGR determinar
responsabilidad penal y civil en
acueducto de Sardinal
26 de Noviembre de 2008
San José (elpais.co.cr) - La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica
solicitó este martes a la Contraloría General de la República (CGR), un
informe sobre la eventual responsabilidad penal y civil que podría recaer
sobre funcionarios públicos cuyos actos se apartaron de la ley con el
proyecto del acueducto de Sardinal, Guanacaste.
La solicitud fue hecha después de conocer el resultado de una investigación
realizada por la a CGR sobre la actuación de Acueductos y Alcantarillados
(AyA), Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara), y el
Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet), en el proyecto de acueducto.
En un comunicado de prensa, la CGR encontró una serie de incumplimientos
legales y técnicos para la ejecución del proyecto, cuyas obras fueron
paralizadas el pasado 22 de mayo por protestas de la comunidad organizada
de Sardinal.
La Defensoría indicó que los hallazgos de la Contraloría coinciden con su
informe sobre el caso.
“Se vuelve necesario que la Contraloría desarrolle un pronunciamiento
específico sobre el régimen de responsabilidades dentro de la función
pública”, añadió el comunicado.
Además, la Defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, resaltó que ese
régimen de legalidad “pudo haber sido transgredido por aquellos
funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de aprobación y que
faltaron a sus deberes públicos de fiscalización y control de las obras del
acueducto así como en la firma de documentos conexos a estas”.
Sobre fallas legales en el proceso del acueducto, la Defensoría informó
también que sus abogados encontraron “evidentes irregularidades técnicas
y legales tales como la firma de una carta de entendimiento entre el AyA y el
grupo de empresarios”.
Detalló que esos trámites se registraron “en ausencia de un marco legal
regulatorio y en detrimento de las potestades de tutela y fiscalización del
servicio público de suministro de agua potable”.
Contraloría
El lunes, la CGR informó que realizó un estudio especia, que consistió en
verificar la veracidad de los hechos consignados en las denuncias
planteadas a ese órgano contralor en relación con el proyecto de ampliación
del acueducto El Coco-Ocotal y mejoras del acueducto Sardinal.
El período objeto del estudio abarcó del 1º de enero del 2006 al 30 de junio
de 2008. Este proyecto fue autorizado por el AyA para que fuera ejecutado
por desarrolladores privados al amparo del artículo 38 de la Ley de
Planificación Urbana, pero en todo el proceso del desarrollo se dieron
incumplimientos importantes al ordenamiento jurídico y otras fallas, tales
como las siguientes:
La CGR determinó ausencia de requisitos importantes y de un marco legal
suficiente para regular el proyecto contemplado en la carta de entendimiento
que formalizó el AyA con la empresa Coco Water S.A. Asimismo, la Junta
Directiva omitió conocer el contrato de fideicomiso que sirve como garantía
de las obras.
Agregó que se dio autorización del proyecto sin contar previamente con
estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de
Sardinal y El Coco-Ocotal. Además.
Además, se autorizó el inicio de las obras sin que se cumplieran los trámites
de ley, en cuanto a la aprobación de planos, licencia municipal y el pago de
1% del impuesto de construcción de las obras de este proyecto y sin la
viabilidad ambiental.
Por otra parte, el AyA en materia de trámites ambientales se arrogó
obligaciones que legalmente le corresponden a los desarrolladores del
proyecto de acueducto, comprometiendo además a la Hacienda Pública al
asumir la responsabilidad directa de los eventuales daños ambientales que
se ocasionen producto de la ejecución de las obras.
Más fallas
El Instituto no ejerció todos sus poderes de tutela y fiscalización de las obras
para que el proyecto se construyera de acuerdo con los requerimientos
técnicos aprobados para el buen funcionamiento del sistema.
Por otro lado, en forma improcedente la Institución emitió 49 cartas de
disponibilidad de agua y 22 certificaciones mediante las cuales también se
garantiza la disponibilidad de agua, comprometiéndose el suministro de agua
por un total de 4.127 servicios.
Mediante dichos documentos se tramitó la licencia municipal para 22
proyectos (condominios, villas, apartamentos y centros comerciales), de los
cuales en algunos casos el AyA concedió nuevas previstas de agua para
que edificaran las obras e incluso para que las pusieran en operación.
No obstante, destacó que tales actos administrativos procedían hasta que el
proyecto estuviera debidamente terminado y recibido a satisfacción.
Por otra parte, sin la debida planificación y programación el AyA procedió a
ejecutar en el año 2008 el proyecto “Mejoras al Acueducto de Sardinal”.
En virtud de lo comentado se emitieron disposiciones al AyA y a otras
instancias del Estado (Ministerio del Ambiente, Municipalidad de Carrillo y la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), con el propósito de corregir
las deficiencias señaladas.
responsabilidad penal y civil en
acueducto de Sardinal
26 de Noviembre de 2008
San José (elpais.co.cr) - La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica
solicitó este martes a la Contraloría General de la República (CGR), un
informe sobre la eventual responsabilidad penal y civil que podría recaer
sobre funcionarios públicos cuyos actos se apartaron de la ley con el
proyecto del acueducto de Sardinal, Guanacaste.
La solicitud fue hecha después de conocer el resultado de una investigación
realizada por la a CGR sobre la actuación de Acueductos y Alcantarillados
(AyA), Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara), y el
Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet), en el proyecto de acueducto.
En un comunicado de prensa, la CGR encontró una serie de incumplimientos
legales y técnicos para la ejecución del proyecto, cuyas obras fueron
paralizadas el pasado 22 de mayo por protestas de la comunidad organizada
de Sardinal.
La Defensoría indicó que los hallazgos de la Contraloría coinciden con su
informe sobre el caso.
“Se vuelve necesario que la Contraloría desarrolle un pronunciamiento
específico sobre el régimen de responsabilidades dentro de la función
pública”, añadió el comunicado.
Además, la Defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, resaltó que ese
régimen de legalidad “pudo haber sido transgredido por aquellos
funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de aprobación y que
faltaron a sus deberes públicos de fiscalización y control de las obras del
acueducto así como en la firma de documentos conexos a estas”.
Sobre fallas legales en el proceso del acueducto, la Defensoría informó
también que sus abogados encontraron “evidentes irregularidades técnicas
y legales tales como la firma de una carta de entendimiento entre el AyA y el
grupo de empresarios”.
Detalló que esos trámites se registraron “en ausencia de un marco legal
regulatorio y en detrimento de las potestades de tutela y fiscalización del
servicio público de suministro de agua potable”.
Contraloría
El lunes, la CGR informó que realizó un estudio especia, que consistió en
verificar la veracidad de los hechos consignados en las denuncias
planteadas a ese órgano contralor en relación con el proyecto de ampliación
del acueducto El Coco-Ocotal y mejoras del acueducto Sardinal.
El período objeto del estudio abarcó del 1º de enero del 2006 al 30 de junio
de 2008. Este proyecto fue autorizado por el AyA para que fuera ejecutado
por desarrolladores privados al amparo del artículo 38 de la Ley de
Planificación Urbana, pero en todo el proceso del desarrollo se dieron
incumplimientos importantes al ordenamiento jurídico y otras fallas, tales
como las siguientes:
La CGR determinó ausencia de requisitos importantes y de un marco legal
suficiente para regular el proyecto contemplado en la carta de entendimiento
que formalizó el AyA con la empresa Coco Water S.A. Asimismo, la Junta
Directiva omitió conocer el contrato de fideicomiso que sirve como garantía
de las obras.
Agregó que se dio autorización del proyecto sin contar previamente con
estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de
Sardinal y El Coco-Ocotal. Además.
Además, se autorizó el inicio de las obras sin que se cumplieran los trámites
de ley, en cuanto a la aprobación de planos, licencia municipal y el pago de
1% del impuesto de construcción de las obras de este proyecto y sin la
viabilidad ambiental.
Por otra parte, el AyA en materia de trámites ambientales se arrogó
obligaciones que legalmente le corresponden a los desarrolladores del
proyecto de acueducto, comprometiendo además a la Hacienda Pública al
asumir la responsabilidad directa de los eventuales daños ambientales que
se ocasionen producto de la ejecución de las obras.
Más fallas
El Instituto no ejerció todos sus poderes de tutela y fiscalización de las obras
para que el proyecto se construyera de acuerdo con los requerimientos
técnicos aprobados para el buen funcionamiento del sistema.
Por otro lado, en forma improcedente la Institución emitió 49 cartas de
disponibilidad de agua y 22 certificaciones mediante las cuales también se
garantiza la disponibilidad de agua, comprometiéndose el suministro de agua
por un total de 4.127 servicios.
Mediante dichos documentos se tramitó la licencia municipal para 22
proyectos (condominios, villas, apartamentos y centros comerciales), de los
cuales en algunos casos el AyA concedió nuevas previstas de agua para
que edificaran las obras e incluso para que las pusieran en operación.
No obstante, destacó que tales actos administrativos procedían hasta que el
proyecto estuviera debidamente terminado y recibido a satisfacción.
Por otra parte, sin la debida planificación y programación el AyA procedió a
ejecutar en el año 2008 el proyecto “Mejoras al Acueducto de Sardinal”.
En virtud de lo comentado se emitieron disposiciones al AyA y a otras
instancias del Estado (Ministerio del Ambiente, Municipalidad de Carrillo y la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), con el propósito de corregir
las deficiencias señaladas.
Vecinos de Sardinal realizaron varias manifestaciones contra el proyecto del
acueducto.
Nuestro País (Archivo)
acueducto.
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