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Legislador Merino acusó penalmente a Ricardo Sancho por ilegalidades en
Sardinal
27 de Noviembre de 2008
San José (elpais.co.cr) – El legislador José Merino acusó al Gobierno de Costa Rica de mentir a la población de Sardinal, Guanacaste, en un
informe oficial al presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el presidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por diversos
delitos.
El diputado del Partido Frente Amplio aseguró que un informe de la Contraloría General de la República (CGR), señala graves violaciones a la ley
e incumplimiento de deberes para favorecer a un grupo de empresarios.
Aseguró que la CGR comprobó que el Ministerio del Ambiente y Energía (Minaet), y AyA le ocultaron informe técnico del Servicio Nacional de
Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), al pueblo de Sardinal, Carrillo, Guanacaste.
Merino del Río presentó ante el Ministerio Público, la tarde de este miércoles, una denuncia penal contra Ricardo Sancho, presidente Ejecutivo de
AyA “por delitos de prevaricato, desobediencia a la autoridad, influencia en contra de la hacienda pública y ocultación de documentos por graves
irregularidades y violaciones a la ley cometidas en la aprobación del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, al que se ha opuesto
con razón y valentía la comunidad de Sardinal”.
Para el legislador, las irregularidades quedaron al desnudo en el más reciente informe de la Contraloría General de la República Nº DFOE-ED-22-
2008, del 21 de noviembre de 2008.
Dijo que dicho informe confirma las denuncias del pueblo de Sardinal sobre las actuaciones ilegales de estos funcionarios para favorecer los
intereses privados de un grupo de inversionistas, en perjuicio del ambiente, la hacienda pública y los derechos de las comunidades locales.
Merino consideró que es particularmente grave que el informe de la Contraloría prueba que el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, le ocultó al
pueblo de Sardinal información esencial sobre el estado real de los mantos acuíferos de la zona, en la audiencia pública celebrada el pasado 9 de
noviembre.
“El ministro Dobles fue a decirle a la gente que hay agua suficiente para los mega-proyectos turísticos. Pero intentó engañar a la población
ocultándole un estudio técnico de SENARA que señala que se requieren más estudios y que hay fuentes de agua que se encuentran en estado de
sobreexplotación. Es una vergüenza", denunció el legislador.
Entre diversas actuaciones, a criterio del Frente Amplio, varias acciones del funcionario denunciado constituyen conductas delictivas.
Precisó que el AYA autorizó las obras sin contar con estudios técnicos sobre la disponibilidad de agua.
Además, “violando la ley, el AyA ejecutó el proyecto del acueducto sin tenerlo contemplado dentro del plan de inversión, plan operativo, ni en el
listado de proyectos incluido en la última petición tarifaria y sin contar con recursos suficientes para tal fin".
Destacó que AyA no cumplió con su obligación de fiscalizar que los inversionistas cumplieran con los trámites, permisos e impuestos municipales.
Por el contrario, de forma indebida gestionó permisos a favor de los inversionistas en perjuicio de la hacienda municipal.
AyA, según la denuncia penal, permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto sin contar con la viabilidad ambiental, en
violación de la Ley Orgánica del Ambiente y por si fuera poco, asumió obligaciones y responsabilidades ambientales de los inversionistas.
Añadió que AyA otorgó cartas de disponibilidad de agua mediante actos ilegales, incumpliendo disposiciones de su propia Junta Directiva.
El martes, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la CGR, un informe sobre la eventual responsabilidad penal y civil que podría recaer sobre
funcionarios públicos cuyos actos se apartaron de la ley con el proyecto del acueducto de Sardinal.
La solicitud fue hecha después de conocer el resultado de una investigación realizada por la a CGR sobre la actuación de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara), y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet), en el proyecto de
acueducto.
La CGR encontró una serie de incumplimientos legales y técnicos para la ejecución del proyecto, cuyas obras fueron paralizadas el pasado 22 de
mayo por protestas de la comunidad organizada de Sardinal.
La Defensoría indicó que los hallazgos de la Contraloría coinciden con su informe sobre el caso.
“Se vuelve necesario que la Contraloría desarrolle un pronunciamiento específico sobre el régimen de responsabilidades dentro de la función
pública”, añadió el comunicado.
Además, la Defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, resaltó que ese régimen de legalidad “pudo haber sido transgredido por aquellos
funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de aprobación y que faltaron a sus deberes públicos de fiscalización y control de las obras del
acueducto así como en la firma de documentos conexos a estas”.
Sobre fallas legales en el proceso del acueducto, la Defensoría informó también que sus abogados encontraron “evidentes irregularidades técnicas
y legales tales como la firma de una carta de entendimiento entre el AyA y el grupo de empresarios”.
Sardinal
27 de Noviembre de 2008
San José (elpais.co.cr) – El legislador José Merino acusó al Gobierno de Costa Rica de mentir a la población de Sardinal, Guanacaste, en un
informe oficial al presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el presidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por diversos
delitos.
El diputado del Partido Frente Amplio aseguró que un informe de la Contraloría General de la República (CGR), señala graves violaciones a la ley
e incumplimiento de deberes para favorecer a un grupo de empresarios.
Aseguró que la CGR comprobó que el Ministerio del Ambiente y Energía (Minaet), y AyA le ocultaron informe técnico del Servicio Nacional de
Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), al pueblo de Sardinal, Carrillo, Guanacaste.
Merino del Río presentó ante el Ministerio Público, la tarde de este miércoles, una denuncia penal contra Ricardo Sancho, presidente Ejecutivo de
AyA “por delitos de prevaricato, desobediencia a la autoridad, influencia en contra de la hacienda pública y ocultación de documentos por graves
irregularidades y violaciones a la ley cometidas en la aprobación del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, al que se ha opuesto
con razón y valentía la comunidad de Sardinal”.
Para el legislador, las irregularidades quedaron al desnudo en el más reciente informe de la Contraloría General de la República Nº DFOE-ED-22-
2008, del 21 de noviembre de 2008.
Dijo que dicho informe confirma las denuncias del pueblo de Sardinal sobre las actuaciones ilegales de estos funcionarios para favorecer los
intereses privados de un grupo de inversionistas, en perjuicio del ambiente, la hacienda pública y los derechos de las comunidades locales.
Merino consideró que es particularmente grave que el informe de la Contraloría prueba que el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, le ocultó al
pueblo de Sardinal información esencial sobre el estado real de los mantos acuíferos de la zona, en la audiencia pública celebrada el pasado 9 de
noviembre.
“El ministro Dobles fue a decirle a la gente que hay agua suficiente para los mega-proyectos turísticos. Pero intentó engañar a la población
ocultándole un estudio técnico de SENARA que señala que se requieren más estudios y que hay fuentes de agua que se encuentran en estado de
sobreexplotación. Es una vergüenza", denunció el legislador.
Entre diversas actuaciones, a criterio del Frente Amplio, varias acciones del funcionario denunciado constituyen conductas delictivas.
Precisó que el AYA autorizó las obras sin contar con estudios técnicos sobre la disponibilidad de agua.
Además, “violando la ley, el AyA ejecutó el proyecto del acueducto sin tenerlo contemplado dentro del plan de inversión, plan operativo, ni en el
listado de proyectos incluido en la última petición tarifaria y sin contar con recursos suficientes para tal fin".
Destacó que AyA no cumplió con su obligación de fiscalizar que los inversionistas cumplieran con los trámites, permisos e impuestos municipales.
Por el contrario, de forma indebida gestionó permisos a favor de los inversionistas en perjuicio de la hacienda municipal.
AyA, según la denuncia penal, permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto sin contar con la viabilidad ambiental, en
violación de la Ley Orgánica del Ambiente y por si fuera poco, asumió obligaciones y responsabilidades ambientales de los inversionistas.
Añadió que AyA otorgó cartas de disponibilidad de agua mediante actos ilegales, incumpliendo disposiciones de su propia Junta Directiva.
El martes, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la CGR, un informe sobre la eventual responsabilidad penal y civil que podría recaer sobre
funcionarios públicos cuyos actos se apartaron de la ley con el proyecto del acueducto de Sardinal.
La solicitud fue hecha después de conocer el resultado de una investigación realizada por la a CGR sobre la actuación de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara), y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet), en el proyecto de
acueducto.
La CGR encontró una serie de incumplimientos legales y técnicos para la ejecución del proyecto, cuyas obras fueron paralizadas el pasado 22 de
mayo por protestas de la comunidad organizada de Sardinal.
La Defensoría indicó que los hallazgos de la Contraloría coinciden con su informe sobre el caso.
“Se vuelve necesario que la Contraloría desarrolle un pronunciamiento específico sobre el régimen de responsabilidades dentro de la función
pública”, añadió el comunicado.
Además, la Defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, resaltó que ese régimen de legalidad “pudo haber sido transgredido por aquellos
funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de aprobación y que faltaron a sus deberes públicos de fiscalización y control de las obras del
acueducto así como en la firma de documentos conexos a estas”.
Sobre fallas legales en el proceso del acueducto, la Defensoría informó también que sus abogados encontraron “evidentes irregularidades técnicas
y legales tales como la firma de una carta de entendimiento entre el AyA y el grupo de empresarios”.
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