Cristina Kirchner
© AFP Juan Mabromata |
BUENOS AIRES (AFP) - Argentina volverá a dividirse esta semana, como en la última huelga agraria de 128 días, al movilizarse la oposición contra una reforma que elimina la jubilación privada y el oficialismo en respaldo al proyecto de la presidenta Cristina Kirchner."Hubo un sistema (privado) que se desmoronó estrepitosamente. Esto era una política de saqueo", aseveró Kirchner al justificar el envío al Parlamento de una ley que unifica los sistemas de retiro bajo control del Estado.
La oposición liberal y derechista puso el grito en el cielo ante lo que considera "una expropiación" y convocó para el miércoles a un mitin de protesta frente al Parlamento, cuya Cámara de Diputados debe debatir la ley el jueves, día en que se concentrarán las fuerzas progubernamentales.
La puja reaviva en el país el ambiente político crispado de las masivas marchas y actos, a favor y en contra del Gobierno, frente al duro conflicto con los agricultores, entre marzo y julio, cuando el Gobierno fracasó en imponer un mayor impuesto a las exportaciones alimentarias.
La nueva iniciativa contempla que unos 26.000 millones de dólares en poder de los fondos de pensión sean transferidos a la administración del Estado.
"Adoptamos la decisión en un contexto internacional donde los principales países del G-8 (potencias) solicitan una política de protección hacia bancos. Nosotros protegemos a nuestros jubilados y trabajadores", dijo Kirchner, una peronista socialdemócrata.
En cambio, el líder parlamentario de la derecha liberal, Federico Pinedo, dijo que "el Gobierno se lleva ahorros de la gente para pagar deuda", con pesados vencimientos por 20.000 millones de dólares en 2009.
La Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), la segunda fuerza parlamentaria, participará del mitin opositor, pese a que se opone al sistema jubilatorio privado.
"Queremos intangibilidad para los depósitos (previsionales). La caja debe estar blindada y no servir a la obra pública o al gasto electoral", dijo Ernesto Sanz, líder de la UCR en el Senado.
En el afán por proteger los fondos de los jubilados de la crisis financiera mundial, el Gobierno acaba de emplazar a los fondos de pensión a repatriar unos 544 millones de dólares invertidos en Brasil.
Pero el Gobierno sufrió un súbito tropiezo al ser convocado por el juez Thomas Griesa, de Nueva York, a explicar en una audiencia el jueves quién es el propietario de los millonarios depósitos de los fondos de pensión.
La citación fue cursada a pedido de los llamados 'fondos buitres' (fondos especulativos) que litigan contra Argentina por poseer títulos de una deuda soberana en mora y pidieron embargar los depósitos jubilatorios.
El Gobierno rechazó la citación y anunció que la defensa de los depósitos ante el juez la deben ejercer los fondos de pensión.